El apoderado de Zaffaroni pagó para hacerlo zafar de los prostíbulos

Dos años después de estallar el escándalo por los prostíbulos que funcionaban en departamentos del juez Eugenio Zaffaroni, producto de una denuncia de la organización La Alameda, el apoderado del magistrado se asumió como el responsable de gestionar esos inmuebles donde se ejercía la prostitución y tras pagar una multa de $10.000 extinguió la acción penal.

 "Yo no firmo los contratos ni conozco a mis inquilinos; no puedo ocuparme de la administración de esto, de modo que, puede ser, aunque a mí no me consta, puede suceder. Si está sucediendo, agradezco el escándalo porque de esa manera me ahorrará un desalojo", decía en julio de 2011 el juez Eugenio Raúl Zaffaroni tras conocerse el escándalo por los prostíbulos que funcionaban en al menos 6 de sus propiedades y cuya existencia fue denunciada por la organización La Alameda. Zaffaroni escogía ser entrevistado por Víctor Hugo Morales en Radio Continental para rechazar las acusaciones tras rechazar otras entrevistas de medios no oficialistas.

Los departamentos denunciados y de propiedad de Zaffaroni integraban una lista de 613 prostíbulos que la Alameda y otras ONGs denunciaron ante la Procuración General de la Nación, el 15 de diciembre de 2009.

 Así, Ricardo Montivero, encargado de gestionar los alquileres de los departamentos propiedad del juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, reconoció su responsabilidad como administrador de unos inmuebles en donde se ejercía la explotación sexual y pagó una multa ante la Justicia.

En diciembre el Juez dijo que estaba “todo aclarado” y que era un “asunto terminado” la denuncia por los seis prostíbulos a partir de haber entregado a los diputados en el Congreso los contratos de todos los alquileres y el acta que designaba a RIcardo Montivero como su apoderado.

Es Montivero quien ahora reconoció su responsabilidad como administrador de los inmuebles denunciados y tras pagar una multa ante la Justicia dio por extinguida la acción penal.

Se trata de quien era investigado por la fiscalía a cargo de Edgardo Orfila por violación a la ley de profilaxis, la 12.331.

El artículo 17 de dicha ley prevé que los que “sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia, serán castigados con una multa de doce mil quinientos pesos como mínimo y ciento veinticinco mil pesos como máximo”.