Crimen y narcotráfico: el doble discurso de Sergio Massa sobre la inseguridad Por Pablo Méndez Shiff

El líder del Frente Renovador aparece en los medios con un discurso de mano dura, pero está aliado a un fiscal acusado de encubrir redes internacionales de narcos. Al mismo tiempo, pregona que las cámaras de vigilancia son la mejor solución para brindar seguridad, cuando en su municipio la conflictividad social es creciente. 

 El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, encabeza su oposición a la reforma del Código Penal bajo el pretexto de que “es un premio para los narcotraficantes” y se embandera como un defensor de la seguridad ciudadana. Pese a que el anteproyecto elaborado por la comisión plural de juristas no establece baja en las penas para el contrabando de estupefacientes, cabe preguntarse quién premia realmente a los narcotraficantes. El fiscal general provincial del departamento de San Isidro, Julio Alberto Novo, de estrechos vínculos con el massismo, está acusado de encubrimiento de narcotráfico.

Novo es el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de San Isidro, el departamento judicial que comprende a los municipios de Tigre, Pilar, Vicente López, San Fernando y San Isidro. Todos municipios gobernados por el Frente Renovador. Al fiscal general se lo pudo ver en numerosos encuentros públicos de esa fuerza política, en los que les agradeció a los intendentes por la provisión de edificios para el establecimiento de fiscalías descentralizadas y elogió sus políticas de seguridad.

El fiscal general de San Isidro, quien de acuerdo a sus críticos se mueve como un “patrón de estancia” por el distrito, acumula una serie de graves denuncias en su contra por hostigamiento, malos tratos y encubrimiento de redes de narcotráfico internacionales.

Todo comenzó a principios de 2009, cuando el fiscal provincial de San Isidro Luis Angelini tomó la investigación por el asesinato del colombiano Juan Sebastián Galvís Álvarez, ocurrida en San Fernando. Al avanzar en el caso y detectar que había puntos de contacto con el asesinato de los también colombianos Héctor Edilson Duque Ceballos y Jorge Alexander Quinteros Gardner, ocurrido el 23 de septiembre de 2008 en el shopping Unicenter de Martínez, Angelini empezó a trabajar en coordinación con el fiscal de esa causa, Diego Grau.

“Los fiscales empezaron a avanzar hasta que paulatinamente se fueron topando con obstáculos desde la Fiscalía General de San Isidro. Les pedían constantemente información sobre los progresos en la investigación; al principio, parecía que podía obedecer a un formalismo riguroso porque eran medidas que legalmente se podían tomar. Pero todo empeoró”, relató la abogada del fiscal Angelini, Elizabeth Gómez Alcorta, en diálogo con INFOnews Domingo.

El fiscal general de cada distrito tiene la atribución de remover a sus subordinados de las causas y enviarlos a cubrir otros casos. Esa atribución de la Procuración bonaerense fue creada con el objetivo de garantizar un mejor servicio de Justicia; en los hechos es usada como un arma de disciplinamiento hacia fiscales díscolos. Novo sacó al fiscal Grau de la investigación y dejó únicamente a Angelini a cargo.

“Cuando Angelini detectó que los asesinatos de los colombianos tenían que ver con el narcotráfico, avanzó en esa línea de investigación”, indicó Gómez Alcorta. Y ahí todo fue peor porque se sucedieron una serie de eventos para obstruir el trabajo del fiscal. A saber: Angelini recibió un llamado telefónico de la Fiscalía General en el exacto momento en que estaba allanando un barco en el que había viajado uno de los asesinados y le ordenaron que se fuera del lugar para hacer un trámite administrativo; le frustraron un viaje que había organizado a Colombia para cooperar con las autoridades de aquel país y trabajar coordinadamente en la investigación del caso, lo que provocó una queja internacional vía Cancillería; desapareció el arma de un allanamiento realizado en el marco de la causa y que estaba bajo supervisión de

Cada uno de esos hechos entorpeció el avance de la causa y convencieron a Angelini de, en primer lugar, presentar una queja administrativa ante la procuradora general bonaerense, María del Carmen Falbo, para pedirle garantías de independencia en su área de trabajo. Como sus reclamos no fueron escuchados, presentó una denuncia penal contra su superior directo, Julio Alberto Novo y la propia Falbo por “encubrimiento agravado del narcotráfico, corrupción estructural y gravedad institucional”. Los otros denunciados son las manos derechas de Novo, los fiscales adjuntos Marcelo Vaiani y Rodrigo Caro y su secretaria Melisa Mey. La denuncia quedó radicada el 12 de octubre de 2012 en el Juzgado Federal de Ariel Lijo, quien aceptó a Angelini como querellante pero mantuvo la causa parada hasta octubre de 2013, en que se declaró incompetente y la remitió a la Justicia Federal de San Isidro. La jueza Sandra Arroyo Salgado tomó en ese momento el caso y comenzó a dar signos de movimiento.

 “Apenas llegó la causa a la Justicia Federal de San Isidro, se designó a un nuevo fiscal federal del distrito porque el cargo estaba subrogante. Dos horas después de que Federico Domínguez se convirtiera en el nuevo fiscal, Novo lo recusó alegando que Horacio Verbitsky había sacado notas en que lo vinculaba con la situación de Angelini”, explicó Gómez Alcorta. La situación irregular –pedir una recusación de un fiscal federal en base a una nota periodística- no fue acompañada por la jueza Arroyo Salgado, quien mantuvo a Domínguez en su puesto. El 30 de diciembre de 2013, la jueza accedió a un pedido del fiscal y realizó un allanamiento en tres de las oficinas centrales de Novo. Según revelaron fuentes judiciales a INFOnews Domingo, la causa está en plena etapa de investigación: se está analizando el

Debido a las denuncias en su contra, Novo demandó civilmente a Angelini por daños y perjuicios. Lo cierto es que, mientras el asunto está en manos de la Justicia, el denunciante sigue trabajando bajo las órdenes del denunciado. Angelini debe investigar un caso grave de asesinato vinculado al narcotráfico internacional en un pequeño escritorio con una computadora y sin ninguna persona a su cargo. No cuenta siquiera con un despacho propio; depende de la ayuda de una fiscal que le cedió parte del suyo para poder cumplir su tarea.

Aunque Massa diga lo contrario, Novo no fue absuelto: está siendo investigado por la Justicia Federal y se presentó un pedido de juicio político en su contra.

La misma tarde en que Verbitsky dio cuenta de estos hechos en una columna publicada en Página/12, el 28 de julio de 2013, Massa respaldó publicamente a Novo. "Es el fiscal general, tiene vínculo con los municipios y hace bien su trabajo”. Tras reconocer la existencia del pedido de juicio político contra el fiscal general, afirmó que Novo "fue al jury de enjuiciamiento y salió absuelto" y dijo que el "derecho establece que no se puede juzgar dos veces a una persona por lo mismo".

Lo cierto es que, si bien Novo había recibido denuncias por hostigamiento, malos tratos y violaciones de despachos de parte del plenario de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Isidro en 2007 y de 13 fiscales de su jurisdicción en 2009, además de una denuncia de la Asociación Gremial Bonaerense por malas condiciones de trabajo y discriminación sexual, que fueron archivadas por la procuradora Falbo, ahora pesan sobre él dos investigaciones que no fueron resueltas y que son por un delito más grave, como el encubrimiento de redes de narcotraficantes. Por un lado, hay un pedido de juicio político presentado por el diputado bonaerense de Nuevo Encuentro Marcelo Saín en diciembre de 2012 ante la Comisión Bicameral de Juicio Político de la Legislatura bonaerense por “los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con denegación y retardo de justicia”. Por el otro, la demanda penal presentada por Angelini y que tramita la jueza Arroyo Salgado. El juicio político podría terminar con los días de Novo en la Justicia bonaerense y el juicio penal con penas de prisión: el Código Penal, tanto el vigente como el anteproyecto de reforma, estipulan que el delito de encubrimiento tiene de 6 meses a 3 años de prisión. Además, el Código vigente y el anteproyecto establecen la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de 3 a 10 años a los funcionarios acusados por tan grave delito.

“Le preguntaría a Massa cómo hace para presentarse en actos políticos en los que reivindica a Novo, un hombre que asesinó por la espalda a un pibe que presuntamente le fue a robar a su casa -y cuyo archivo de sus actuaciones fue cuanto menos irregular- y está acusado de encubrir una red de narcotráfico internacional. Con su actitud de protección hacia Novo, parece decir: ´siempre y cuando el imputado me caiga bien o sea de mi confianza, está todo bien, por más graves que sean los delitos que se le imputan´”, cuestionó Gómez Alcorta. Y agregó: “Novo tiene una actividad esencialmente política, no es un jurista destacado ni mucho menos. Claramente, las redes de narcotráfico no terminan en Novo. Si la investigación judicial llega a buen puerto, veremos que el encubrimiento alcanza a personajes que quizás él mismo no conozca”.

La abogada de Angelini también cuestionó la demagogia punitiva de Massa. “Me entristece ver cómo este dirigente pauperiza a la política y aprovecha algo instalado en la sociedad, como el poder simbólico del derecho penal, para llevar agua a su molino. Es absolutamente falaz que el delito disminuya sólo porque se aumenten las penas: el derecho penal no tiene una función preventiva porque aborda el tema una vez que el hecho ya ocurrió. El derecho penal es sólo una pata de la cuestión integral de la seguridad, que en el caso de Massa tampoco se atiende con seriedad al proteger a personajes como Novo”, planteó.

Además de aliarse a un acusado de encubrir narcotraficantes mientras pide a los gritos penas mayores para los que cometan ese tipo de delitos, Massa asegura que su modelo de seguridad de Tigre, basado en la instalación de cámaras, es una fórmula exitosa que debería extenderse por toda la provincia. Pero los dirigentes políticos opositores a su liderazgo afirman que no todo lo que brilla es oro.

El concejal Federico Ugo, del Frente para la Victoria, coincide en que es necesario un abordaje integral en materia de seguridad. “La alianza mediática que funciona en Tigre hace que se muestre lo que Massa quiere mostrar”, sostuvo en diálogo con INFOnews Domingo. Y explicó: “El intendente Sergio Massa tiene una política de doble vía en relación a la manera en que propagandiza por los medios su gestión de seguridad. Por un lado, se muestran permanentemente en los canales de televisión los operativos exitosos de las cámaras de video. Pero no se dice que detrás de esos casos exitosos, hay muchos que fracasan o para los que las cámaras no sirven. Y se invisibilizan reclamos que pueden afectar a los intereses del Frente Renovador.”

Como ejemplos de lo que no se ve de Tigre en los grandes medios, Ugo citó: “Esta semana se produjo un corte en la ruta 27 por una chica que está desaparecida y no fue cubierto por nadie. Cuando se inundó la Panamericana la primera semana de marzo y la situación de los barrios cercanos fue tremenda, tampoco aparecieron las cámaras. Cuando se producen allanamientos dentro de countries que pertenecen al municipio de Tigre, hacen que figuren por el nombre de los barrios: dicen que pasó en Benavidez, en El Talar de Pacheco, en Don Torcuato. Los que vivimos acá sabemos que esos barrios pertenecen a Tigre, pero alguien que escucha esos nombres al azar no tiene por qué saber que pertenecen al municipio”.

Ugo, quien debe trabajar con sus dos compañeros de bloque y sus asesores en una pequeña oficina de 2 x5 y una sola computadora, alerta que el 55% del territorio de Tigre está ocupado por countries y barrios cerrados. Al lado de esos terrenos caros, hay barrios residenciales y cafrenciados. “El crecimiento que hubo en el municipio en estos años es tan desequilibrado que cada vez va a haber más inundaciones. No se piensan obras de infraestructura a largo plazo, no hay cloacas ni agua potable y desde afuera parece que acá está todo perfecto. Por ejemplo, para el presupuesto 2014 se destina la misma cantidad de dinero a la instalación de cloacas que al embellecimiento de los centros comerciales”.

“De 158 km2 de tierra que tiene el municipio en su base continental, el 55% está ocupado por countries y barrios privados en los que viven el 10% de la población. Es decir que de una población estimada de 450.000 personas, 45.000 viven en esos espacios cerrados y hay 400.000 que en muchos casos no tienen ni un balde de tierra”, precisó el ex concejal Luis Cancelo, quien tuvo tres mandatos en el Concejo Deliberante y ahora es dirigente del partido Unión Popular, conducido por Victor De Gennaro y Marta Maffei.

Al mismo tiempo, crecen las denuncias acerca de que la policía comunal, llamada Centro de Operaciones de Tigre (COT), persigue a los sectores populares por portación de rostro. El anteproyecto de reforma del Código Penal elimina, por ejemplo, la figura de peligrosidad.

La situación en el Concejo Deliberante no es la mejor para que la oposición pueda controlar las tareas de gobierno. De 24 concejales, 21 responden al Frente Renovador. En las elecciones de 2011, en que se renovó la mitad de la cámara, los 12 concejales electos fueron del Frente para la Victoria. En 2013 esos representantes se pasaron al recién formado massismo y, en octubre de ese año, lograron 9 de las bancas en juego. Las 3 restantes fueron para el kirchnerismo. No hay otras fuerzas de oposición con representación parlamentaria.

Cancelo, quien fue concejal opositor durante tres períodos -1995-1999; 1999-2003 y 2009-2013- sostuvo que el massismo no practica lo que predica desde las pantallas de televisión. “Massa se vende como un producto publicitario, invirtiendo millones y millones de pesos en la promoción de su imagen en los medios nacionales, provinciales y municipales. Se vende un producto que nada tiene que ver con la realidad de los hechos. Aparece con un discurso contenedor y de diálogo, pero la oposición no puede hacer campaña en la calle, pegar afiches ni conseguir ningún tipo de modificación en los proyectos de ley. Fui concejal opositor de Ubieto y, si bien era conservador, abría caminos de diálogo y respeto elementales. Con Massa eso no pasa. Es gracioso ver cómo se dice renovador y detrás de él está lo peor de lo viejo de la política”, concluyó.

(*) Texto publicado por el portal Infonews.